La gran mayoría de estudiantes, profesores, investigadores y trabajadores administrativos de la Universidad de Costa Rica (UCR) y de las universidades públicas están en contra del tratado. Entendemos la preocupación de los partidarios del tratado ante esta realidad. Por ello orquestan una campaña para silenciar a la Universidad de Costa Rica. El primer intento lo llevaron a cabo unos pocos estudiantes de Derecho y Ciencias Económicas. Nuestra posición frente a esta campaña es la siguiente:
En la UCR ha habido y sigue habiendo un debate democrático sobre el TLC. En los últimos tres años, en la UCR se han organizado gran cantidad de debates y foros, en muchos de ellos hubo participación de ambas partes. En muchas otras actividades, los representantes a favor del tratado no quisieron participar o, simplemente, no llegaron a pesar de haber sido invitados. El desprecio a debatir no es reciente. Se inició con la negociación misma del tratado en que los negociadores no aceptaron debatir ni el proceso ni los resultados, continuó durante el proceso electoral en que el expresidente Arias no discutió el TLC y después de la elección, bajo el argumento de que Oscar Arias había ganado y tenía derecho a imponer el tratado, obviando que el resultado electoral reflejaba una realidad palmaria: el país está dividido. Además, este grupo consideraba innecesario debatir porque en la Asamblea Legislativa contaba con una mayoría incondicional e irreflexiva de 38 votos que supuestamente les aprobaría el tratado. Por ello, los diputados favorables al tratado rehuyeron al debate parlamentario.
El desprecio al debate público ha sido y sigue siendo acompañado por una campaña multimillonaria a favor del TLC orientada no a educar o fomentar la discusión de fondo, sino a generar miedo y desinformación en la ciudadanía.
En ese mismo contexto, en la Universidad de Costa Rica se generaron y generan gran cantidad de discusiones, debates, reflexiones, investigaciones, programas de radio y televisión que arrojan argumentos sólidos y contundentes sobre el impacto negativo que tendrá este tratado en el desarrollo nacional. La gran mayoría de los estudios de las universidades públicas sobre el TLC indican claramente que éste hará más ricos a los ricos; tendrá un efecto destructivo sobre los servicios públicos, incluyendo la salud, la educación, las telecomunicaciones y la energía; destruirá cientos de miles de empleos, más que los que generará, y será particularmente negativo para miles de micro, pequeñas y medianas empresas. A ello se suma la existencia de roces constitucionales. Estas conclusiones no son resultado de ocurrencias antojadizas sino resultado de un estudio exhaustivo, serio y sistemático del tratado y por lo que ha sucedido en otros países que han firmado tratados similares, tales como México y los resultados negativos que está obteniendo el resto de Centroamérica después de la firma del tratado.
¿Por qué ahora los del Sí quieren debatir? Gracias al referendo se abrió un escenario inédito: la gente común y no la clase política tomará la decisión fundamental sobre el TLC y el futuro del país. Eso hará que mucha gente busque información seria para definir su posición. Sin lugar a dudas, la ciudadanía recurrirá a la UCR y a las otras universidades públicas para informarse y tomar su decisión. Es a esto a lo que temen los partidarios del tratado porque la gran mayoría de la comunidad académica nacional, al igual que la Defensoría de los Habitantes y, en general, la intelectualidad costarricense, han llegado a la conclusión de que este tratado, tal y como fue mal-negociado, debe ser rechazado.
¿Debe la UCR ser neutral? Acorde con el Estatuto Orgánico, la UCR debe garantizar la libertad de cátedra y la diversidad de pensamiento. Hasta el momento, no hay ni una sola denuncia formal de persecución ideológica por parte de estudiantes o profesores y, mucho menos, se han dado sanciones a quienes tienen una posición favorable al tratado. Emplazamos a los profesores y estudiantes favorables al tratado que han sido amenazados o se les ha impedido ejercer su derecho a ejercer la libertad de cátedra o de opinión a que presenten denuncias con pruebas y evidencias concretas. Sino, sería evidente que son parte de un juego mediático que no solo intenta silenciarnos y, peor aún, que busca poner en riesgo la autonomía universitaria garantizada por los artículos 84 y 85 de la Constitución Política.
La UCR no ha dejado de realizar debates sobre el TLC. Ojalá que los partidarios del tratado hagan acto de presencia y debatan. Además, las unidades académicas y los grupos universitarios continúan ejerciendo su derecho a organizar actividades que permitan profundizar el análisis sobre el efecto negativo del TLC en el desarrollo nacional. Si los partidarios del tratado no están satisfechos con la situación actual, les instamos a que organicen debates y actividades académicas. Nada se los impide. Si nos invitan a participar, a diferencia de ellos, haremos acto de presencia en cualquier actividad a la que nos convoquen porque confiamos en la solidez de nuestros argumentos y de nuestras convicciones. Nosotros les emplazamos desde este momento a debatir sobre las universidades públicas y el TLC en el lugar, día y hora que nos indiquen.
¿Y el debate nacional? Pareciera que los partidarios del tratado tienen una doble medida de lo que es el equilibrio: una dentro de la UCR y otra a nivel nacional. Es así como frente a la puntillosa exigencia de equilibrio que se le hace a la UCR se guarda un silencio sepulcral frente a la forma descarada en que el gobierno sigue usando recursos públicos para hacer campaña a favor del tratado, o no se le exige a canal 13 acceso equitativo para ambas partes, ni se censuran los cierres de programas contrarios al tratado y mucho menos se le exige a los medios comerciales de comunicación que hacen una campaña permanente y tendenciosa a favor del tratado a que mantengan un equilibrio en el acceso democrático a ambas partes.
Sobre la toma de la posición institucional de la UCR contra el TLC. Manifestamos nuestra convicción de que las posiciones contrarias al tratado que han asumido el Consejo Universitario y la Rectoría por medio de la Comisión de Roces Constitucionales del TLC, son absolutamente acordes con el Estatuto Orgánico de la UCR que en su artículo 3 indica:
"La Universidad de Costa Rica debe contribuir con las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien común, mediante una política dirigida a la consecución de una justicia social, de equidad, del desarrollo integral, de la libertad plena y de la total independencia de nuestro pueblo."
En esa línea, estas posiciones responden al modelo humanista, crítico, democrático y solidario de nuestra Universidad y, sobre todo, representan el sentimiento mayoritario de docentes, trabajadores administrativos y estudiantes que en su gran mayoría se inclinan por el rechazo del tratado.
Dado el 3 de junio en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio
