Sin duda una de las noticias del día es la publicación del
Reglamento para el funcionamiento y administración del servicio de soda en los Centros Educativos Públicos, publicado en el Diario Oficial La Gaceta. Muy buena noticia. Curioso que todos felicitemos a los titulares de Educación y Salud por cumplir con su deber y anteponer el interés superior de la niñez y a la adolescencia frente al comercio. Pero tal y como están las cosas, me parece que es para alegrarnos esta publicación, que en las redes sociales muchos tildan de "valiente", yo la califico como de
sentido común y
cumplimiento con el deber, lo cual obviamente me alegra.
Escribo mi opinión en este apunte porque saca a flote varias discusiones interesantes, trataré de al menos puntear algunas de ellas, tratando de abordar la discusión de una forma integral, porque el tema da para discutir sobre el hecho en concreto en relación con la estructura de nuestra sociedad, y como ya sospecharán, el modo de producción.
Empecemos diciendo que efectivamente el consumo diario de, por ejemplo, picaritas, meneítos y otros similares, junto con cocacola, fanta, confites y chocolates, no es sano, porque además no se consume sólo uno de estos productos sino varios, una bomba de azúcar y un montón de otras cosas, los remito a sus recuerdos infantiles. Creo que todos y todas estamos de acuerdo con esto, bueno excepto los representantes de las empresas que los producen (seguro porque ellos y su descendencia, los comen a diario sin ninguna consecuencia).
Es decir, los productos expulsados de los centros educativos públicos no son alimentos sanos (dudo además de que se trate de alimentos), no deben ser la dieta diaria de niños, niñas y adolescentes, desgraciadamente, lo han estado siendo. Lo anterior no quiere decir que todas estos productos no sepan bien, ni que yo no los haya consumido o que no los consuma, solo que no son mi dieta diaria, de hecho muchos de esos productos me gustan, o sea, que no se trata de un asunto de puritanismo o de doble moral.
Cuando Mario Montero, directivo de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia), manifiesta su desacuerdo (obvio) con la medida e intentando defender lo indefendible, dice más de lo que cree decir. De sus declaraciones se desprenden varios aspectos importantes,
reproduzco sus declaraciones: "Hay estudios muy serios que dicen que el problema no es la comida;
niños de talla normal comen lo mismo que los de pasadita pero la gran
diferencia se encuentra en las cantidades y actividad física. El consumo
de cantidades es un asunto de educación, la forma como se alimenta y
conforma lo que se come a lo largo del día es un asunto de educación, no
si la galleta o el jugo que me tomé es bueno o malo".
Primero, sería buenísimo que esos "estudios serios" los dé a conocer, porque la evidencia demuestra todo lo contrario, el problema claramente es la comida. Es un problema lo que nos comemos (nuestra comida es rica en agroquímicos) y los productos expulsados de la escuela, que no prohibidos (que es otra cosa) son ricos en azúcares y sales, entre otras maravillas, aunque tiene algo de razón cuando menciona la cantidad, lo que pasa es que la cantidad es de todos los días. Ahora bien, no conozco a ningún nutricionista que recomiende comer todas esas cosas que el reglamento ha sacado de las sodas de los centros educativos.
Nótese que Montero evita la palabra gordos, obesos o niños con sobrepeso, eso por supuesto manifiesta un prejuicio y también un cálculo, por eso prefiere un eufemismo. Y aquí hay que hacer una pequeña aclaración, no es lo mismo ser gordo por una cuestión estructural o genética, o sea, porque el cuerpo es así, que tener sobrepeso, estamos hablando de dos cosas distintas (no confundamos la gordura con la hinchazón), esto no se trata de un culto a la flacura, se trata de un tema de salud pública. Porque el hecho de que un 20% de los niños y niñas tengan problemas de sobrepeso y obesidad debe preocuparnos. Primero por la salud de estos chicos, pero también porque como sociedad nos cuesta. Nos cuestan las consecuencias que a largo plazo habrán, con problemas arteriales, del corazón, digestivos entre muchos otros, es decir, hay un costo social, que es real, y que el señor Montero obvía de forma deliberada, claro él no piensa en la salud de la gente, sino en la salud de su billetera. Pero resulta que el Estado debería pensar más en la salud de la gente que en el negocio, por eso es que nos sorprende la noticia, y nos alegra. Nos sorprende porque la tendencia en los últimos 30 años ha sido favorecer los buenos negocios en detrimento del interés público.
Lleva algo de razón el señor Montero cuando alude a la actividad física, tan venida a menos en los últimos años en los centros educativos, pero Montero no lo menciona por una preocupación honesta, sino para deslegitimar la posición del MEP, alude a su clarísima irresponsabilidad. Las reducciones presupuestarias han suprimido en muchas instituciones la educación física, y las instalaciones deportivas dan lástima. A pesar de que existe un Ministerio de Deportes, éste pareciera estar desarticulado con el MEP, y peor aún los últimos dos ministros pasarán a la historia por hacer el ridículo en un foro internacional y por repartir clientelarmente 2.000 entradas restando 10 millones a la lucha contra el cáncer. No conocemos una política pública en materia deportiva que sea efectiva y permita el acceso a la población. En vez de eso los pocos espacios públicos para el deporte son tomados por empresas para hacer buenos negocios o son abandonados, por algo es tan buen negocio últimamente ponerse una canchita de fútbol 5, si ven están llenas, pero hay que pagar.
Entonces mientras el MEP y Salud dan un paso acertadísimo con la expulsión de las chucherías de los centro educativos, por otro lado, avanzan en dirección contraria, y la presidenta amenaza con reducir los recursos para educación si no se aprueba el plan fiscal. Política esquizofrénica se llama eso, o también podría ser hipocresía.
Dice el señor Montero que el asunto es de educación, y tiene razón, pero sólo en parte. Y ahí entra un factor que no se ha mencionado, y es que las empresas productoras hacen esfuerzos sistemáticos para que la gente consuma sus productos, o sea, invierten en publicidad, cientos de millones de colones. Todos sabemos cómo funciona: los productos tienen en su mayoría, como población meta personas menores, la publicidad no apuesta por decisiones racionales, sino por decisiones irracionales. Algunos expertos hablan de algo que se llama "love mark" que es precisamente que la gente no piense a la hora de consumir, lo cual logran a las mil maravillas con los adultos, ¿como no con los niños? Así que entonces no se trata exclusivamente de un asunto de educación, sino de que hay todo un aparato que funciona para que los niños no piensen, sino que consuman. Pero además de la publicidad enfocada a generar identificaciones, y mover emociones también las empresas agregan juguetitos en los paquetes de los productos. Todavía está fresco el tristemente célebre episodio de los balines en los productos de DEMASA, y todavía recordamos a su representante legal defendiendo lo indefendible. Así que aquí el tal "libre albedrío" al que aluden algunos opinadores no existe, porque la elección no es racional, eso es puro imaginario burgués.
El último asunto, ya me extendí (como siempre) más de lo que debía, es que como dije, no se trata de una prohibición como tal (aquí el titular de La Nación como casi siempre ocurre no es exacto), se trata de que los centros educativos públicos varíen su oferta alimenticia, nada más, sacando del menú todos aquellos alimentos, que está demostrado no alimentan ni aportan en el desarrollo de las personas menores. No veo por ningún lado que además de las revisiones (que violentan la integridad de adolescentes) en busca de armas vayan a implementarse para buscar cocacolas, galletas rellenas y picaritas, así que hablar de prohibición es algo exagerado. Pero es cierto que hay un trabajo por hacer.
Pero hagámonos la pregunta: ¿desde lo público se debe permitir que los niños, niñas y adolescentes consuman a diario estos productos conociendo el daño que hacen? ¿No es deber del Estado velar por el interés superior de las personas menores de edad? ¿La expulsión de estos productos violenta algún derecho fundamental de las personas menores de edad? Poniéndolo en otra perspectiva ¿El que los centros públicos proporcionen alimentos balanceados ocasiona una violación a los derechos de las personas menores de edad? Quien así lo crea, me parece que no entiende nada y tiene sus prioridades en otro lado.
Por eso es tan importante este reglamento, porque pone por encima del libre mercado el interés superior de la niñez y la adolescencia, pero además hace una contribución fundamental en la prevención de enfermedades. A los empresarios sólo les importa la salud de su billetera, la salud y las personas menores de edad no les importan sólo en tanto consumidores.
