“O se opta consciente y reflejamente, o la opción de nuestra vida se realiza sin que ni siquiera caigamos en la cuenta de ello. Pero en cualquier caso, nuestra vida y nuestra acción se inscriben en uno de los sectores contendientes. No hay marginados frente al conflicto social; hay sencillamente, contendores abiertos y contendores solapados, luchadores convencidos y tontos útiles. Demasiadas veces, y más por ingenuidad que por mala voluntad, los universitarios formamos parte de este último grupo. Todos estamos comprometidos: resta saber por quién”.
Ignacio Martín-Baró

miércoles, 20 de marzo de 2019

¡Fue el Estado!

En pocas ocasiones queda tan en evidencia el carácter de clase y racista del Estado como este pasado lunes 18 de marzo. Durante la mañana el Ministro de Seguridad, Michael Soto, comparecía en la comisión especial que "analiza" el derecho a huelga en la Asamblea Legislativa. Bueno, decir que analiza es mucho, porque lo que ahí se "discute" es cómo limitar del derecho de huelga y la protesta social. Lo que hay ahí es un intento de cierre autoritario vía modificación de las leyes para amedrentar la protesta, crece el malestar social y lo que hacen los partidos no es tratar de resolver el malestar, es aplicar la "mano dura".

El señor Ministro durante un largo rato argumentó que se debían aumentar las penas contra las personas que ejerciendo el derecho a la protesta bloquearan vías, contraponiendo ese derecho al de "libertad de tránsito" (ya en otros apuntes había comentado algo al respecto). Esta contraposición de derecho se basa en una falsa premisa, que es que el derecho a la protesta se contrapone con el derecho a la libertad de tránsito, se ha venido diciendo que el derecho de protesta lesiona el derecho de circulación, pero en realidad esto es sólo un movimiento discursivo, porque en realidad lo que importa no es la circulación de la gente, sino que las mercancías circulen, importa que la gente no llegue tarde al trabajo para que no se pare la producción, eso en el fondo es la cosa.

La arenga reaccionaria del ministro dio pie para que el diputado Erick Rodríguez hiciera declaraciones aún más rancias. El diputado dijo que si él fuera trailero sería el primero en echarle el trailer a los manifestantes, quiso suavizarlo diciendo que no se trataba de ser violento. Y bueno, quién sabe que entenderá el diputado por "ser violento", porque si eso no es ser violento entonces qué. Lo más asombroso (ironía por supuesto) es que, salvo algún medio digital, ningún medio de comunicación censuró las palabras del diputado, tampoco se le cuestionó en la comisión. Y el problema es que este tipo de discursos incitan a la violencia y luego tienen consecuencias. Pero siempre queda el recurso de decir que los violentos son los otros, sobre todo si esos otros reclaman derechos. Rodríguez es un cobarde y un provocador, un instigador, y debería censurársele por este tipo de manifestaciones que alientan y naturalizan la violencia. Esto es peligroso, cuando los políticos naturalizan la violencia desde el discurso, desde la tribuna, cosas muy negativas pueden pasar. Trump, es el mejor ejemplo.

Pero volvamos al ministro de seguridad. Según él, su propuesta de penar los bloqueos no criminaliza la protesta social. Yo me pregunto qué se imagina el ministro significa criminalizar la protesta social, porque criminalizar la protesta es justo eso que él quiere hacer. Como ya dije, esa Comisión Especial tiene como objetivo reducir al mínimo el derecho de huelga y criminalizar la protesta, vean nada más las arengas reaccionarias del diputado Carlos Ricardo Benavides.

En esta comparecencia el ministro dijo: "... también recuerdo una circunstancia muy particular en la frontera con Panamá en Paso Canoas donde incluso nos pusieron a miembros de la comunidad indígena a bloquear la salida fronteriza". De estas declaraciones del ministro se puede interpretar que piensa que los indígenas no tienen capacidad de discernimiento, "nos pusieron" los indígenas: pensamiento colonizador del ministro, los indígenas no tienen capacidad para analizar, pensar y tomar decisiones, no son sujetos políticos, y como tales tampoco sujetos de derecho. Y claro, lo que en realidad ocurrió es que esas personas indígenas ejercicieron su legítimo derecho a la protesta contra el plan fiscal, aunque no le guste al gobierno.

Eso pasaba por la mañana, por la noche, 15 balazos mataban a uno de esos no sujetos: Sergio Rojas. El gobierno que exige represión, permite que se asesine a un líder indígena. Para mayor gravedad, si es que en sí mismo el hecho no lo es lo suficiente, Rojas tenía medidas de protección desde hace años, que el gobierno nunca implementó. Cuestión de prioridades. Reprimir sí, proteger no. Un conflicto que tiene años, y que el gobierno ha hecho poco o nada por resolver. Todo lo contrario, ha desprotegido alentando entonces a los invasores de tierras blancos y racistas.

De nada sirven hoy los lamentos y la supuesta indignación del Presidente, de nada sirve que ahora, tras el cobarde asesinato se activen los protocolos de seguridad y medidas cautelares. Demasiado tarde. Ahora el gobierno a nivel internacional no ha quedado "como el gobierno que golpea indígenas", sino como el gobierno cobarde, y que por racista, permitió un brutal asesinato. Esto es el gobierno de la República de Costa Rica. Esto es el gobierno del bicentenario. Este es el gobierno de los Derechos Humanos... selectivos eso sí. Este asesinato deja en evidencia el carácter de clase, el carácter racista del Estado costarricense. Desde el gobierno no se apretó el gatillo cierto, pero se permitieron las condiciones para que ocurriera y eso los hace igual de responsables, que se dejen de lamentos y asuman las responsabilidades políticas.