Francisco Chacón - La frase de la semana

“En relación a todos los casos y en concreto sobre las actuaciones del vicepresidente Liberman y el ministro Garnier, consideramos que no hubo dolo ni falta grave y que los hallazgos no ameritan sanciones”. (La Nación, 26 de junio)
Francisco Chacón, Ministro de Información (ese Ministerio debería llamarse así: Ministerio de Propaganda del Mal Gobierno)

Como ven la frase de la semana no será ninguna que tenga que ver con "el hueco" (dicho sea de paso, alguien debería pedir los documentos de las inspecciones periódicas que contrata el MOPT, la revisión podría evidenciar la negligencia del MOPT con este asunto).  La frase de esta semana tiene que ver con un asunto mucho más importante. Claramente me refiero al dictamen de la Procuraduría de la Ética, sobre las "cartas de recomendación" firmadas por el Vicepresidente, el Ministro de Educación, la exviceministra de Comercio Exterior, y una exasora del MEP.

Este asunto, muy convenientemente (y de mera casualidad) para el gobierno, ha pasado a un segundo plano con lo del hueco. Pero que debería estar siendo ampliamente discutido, es más, el gobierno debería estar siendo emplazado por todas las fuerzas políticas y sociales, para que de una vez por todas asuma su responsabilidad y aplique sanciones a los funcionarios implicados en este asunto. 

Si Laura Chinchilla hubiese dicho algo al respecto posiblemente la frase de la semana habría sido la suya, ya todos sabemos que la presidenta no se caracteriza por gran capacidad intelectual, y creo que en su mal-gobierno han valorado esto, y por eso Francisco Chacón ha dicho lo dicho. El silencio de Chinchilla es escandaloso y su inacción inaceptable. Chacón, por su parte, ha pedido a los diputados que vean el asunto con "mesura, racionalidad y proporcionalidad". Pero resulta que estamos frente a un evidente tráfico de influencias, frente a una trama de corrupción descarada.

El Procurador de la Ética Pública, Gilberth Calderón, es categórico: “... concluimos que estas cartas no son certificados de experiencia, que serían admisibles en un proceso de contratación, sino que son cartas de recomendación que violentan las disposiciones del Poder Ejecutivo y la CGR y violentan los principios éticos de integridad, objetividad, imparcialidad, rectitud y liderazgo que deben observar los funcionarios públicos." (La Nación, 28 de junio).

Si bien es cierto es potestad de la presidenta tomar la decisión de sancionar o no a los funcionarios, es un imperativo ético hacerlo, y, como mínimo, separarlos de su cargo, eso es lo que ocurría en un país decente. Pero nos gobierna una mafia. Y además, la presidenta ha demostrado que no es ni firme, ni honesta, tampoco inteligente, pero  sí que es machista, conservadora, que no se entera de qué va la cosa, y que además no gobierna. Así que no se puede esperar nada de ella en esta línea (y pareciera que en ninguna otra) máxime si su partido, la campaña en la que fue electa, están plagados de corrupción y de corruptos, de arriba a abajo.

Es insostenible la presencia de Garnier como ministro de educación, la de Liberman como vicepresidenta, y Amparo (Amparito, como le decían cuando militaba en la izquierda) Pacheco en Asignaciones Familiares. Es sencillamente inaceptable otra cosa que no sea la destitución de estos funcionarios, y esto como mínimo, porque luego deberían venir las investigaciones penales por tráfico de influencias, entre otros.

La Procuraduría de la Ética Pública simplemente ha dicho lo que ya todos sabíamos, que no se trataba de simples cartas de recomendación, se trata de tráfico de influencias.

Por cierto que la ley fue aprobada con el voto afirmativo de Chinchilla, cuando era diputada, en esa ocasión, como ahora, tampoco dijo nada.