Una de las principales banderas políticas del PAC es la defensa de la moral en el ejercicio de la función pública, y hasta han creado rigurosos Códigos de Ética para regular y comprometer el accionar de las personas electas popularmente para ocupar cargos públicos. Según entiendo, todo candidato o candidata debe suscribir este riguroso Código de Ética y comprometerse a cumplirlo de forma escrupulosa.
No sé si funciona así en todo el país, pero al menos en Curridabat, los regidores actúan al garete, sin ninguna coordinación, supervisión o comunicación con las instancias cantonales (el encargado del PAC en Curridabat, Don Edwin Alfaro, manifestó desconocer lo que hacían los regidores), ni qué decir de las instancias centrales a nivel nacional. Esta falta de comunicación y supervisión, posiblemente haya hecho sentir a los regidores libertad de acción, incluso con respecto a su Código de Ética, trapito de dominguear, pero nada más, como ya se verá, porque da la sensación de que ni siquiera lo han leído.
Don Edwin Artavia, Presidente del Concejo Municipal, ha ejercido su cargo de forma realmente autoritaria, burocrática, interponiendo recursos de revisión de acuerdos contra ningún acuerdo, e incluso haciendo innovaciones jurídicas inentendibles en un profesional, se ha opuesto a todo sin ninguna justificación razonable (si hiciéramos la suma de sus votos negativos sumarían más de 4 mil millones de colones), además ha violentando la Constitución Política negando la palabra al Alcalde y los Síndicos, ha omitido mociones de forma arbitraria del orden del día, ha cerrado dos sesiones de forma arbitraria aduciendo un “irrespeto al orden” que él mismo provocó, se ha negado a firmar dos modificaciones de presupuesto (como es su deber de presidente) pese a haber sido aprobada por una mayoría calificada en el concejo, además, según denuncian los miembros del Comité Cantonal de Deportes, Artavia les ha amenazado en varias oportunidades. Ninguna de estas conductas son avaladas por el Código de Ética de su partido, pero sí por sus compañeros de fracción que callan ante las evidentes arbitrariedades de Artavia.
Por si fuera poco, el año anterior se impulsó una reforma al Reglamento de Becas, supuestamente para despolitizar la entrega de las becas, pero para hacerlo, según una de las impulsoras del proyecto (la Regidora María Luisa Elizondo, también del PAC) debía ser el Concejo Municipal (ente meramente político) quien debía a través de una comisión ser la definitoria en la entrega de becas, no es saludable que quienes toman las decisiones políticas sean los que finalmente decidan a quién se le otorga o no un subsidio (como lo establece el reglamento de becas en sus artículos 3, 6 y del 11 al 16), esto supone además una clara intromisión en asuntos de la administración, cosa que le está vedada al Concejo. Que el Concejo decida este tipo de asuntos lo único que genera es una lógica perversa de clientelismo y sospecha, pero Elizondo defiende el procedimiento argumentando que quiere “despolitizar” la entrega de las beca. Y como sus razones son meramente políticas, más bien politiza la entrega de becas. Pero además interviene de una forma que su propio partido censura en su Código de Ética, ya que en él se establece que ningún funcionario electo popularmente puede intervenir en comisiones que entreguen este tipo de subsidios, claro está, para evitar el clietelismo.
Otro regidor, Edgar Obregón, también abanderado de la moral, las buenas costumbres y luchador incansable contra la corrupción, decidió remodelar su casa sin que nadie se diera cuenta, seguramente para no pagar los impuestos, pero igual alguien se dio cuenta y presentó una denuncia.
Cuando fue interpelado por este asunto en el seno del Concejo Municipal, no se disculpó, cito textualmente su respuesta: “la casa de habitación en la que yo vivo para conocimiento de todos ustedes no me pertenece. Pertenece a mi señora esposa (¡!)… Yo no he violado (…) absolutamente nada (sic.). Repito no soy dueño, no soy contribuyente de este cantón”. En la sesión siguiente, el regidor decidió “aclarar”: “…con respecto a las obras menores que yo realicé en mi casa… (sic.)” que ya había pagado los respectivos impuestos (¡faltaba más!), pero además dijo: “… a mí no me va a callar nadie y yo creo que fui elegido por el pueblo, represento al Partido Acción Ciudadana, y responsablemente seguiré haciendo una oposición, hasta donde mis principios me lo permitan, le gusta al que no le guste, porque voy a hacer una lucha frontal contra la corrupción (sic.), hasta donde mis fuerzas me lo permitan (…) mi voz no la callarán tan fácilmente”. ¡Vaya forma de hacer oposición! Ah, y que flexibilidad de principios… y un tanto contradictorios con los enunciados en el Código de Ética de su partido.
Su compañera de partido, Ana Isabel Madrigal, tuvo la desfachatez de salir en su defensa y dijo: “…pienso que las obras que se hicieron fueron una emergencia que se presentó en su casa, y pienso que cuando en las casas hay emergencias hay que solucionar primero las emergencias, y luego correr con todo lo demás, y pienso que quedó muy claro que no se le quedó debiendo a la municipalidad absolutamente nada. Por lo tanto, le doy toda mi solidaridad a mi compañero de fracción.”. Es la misma regidora, que solicitó en el Concejo Directivo de FEDEMUR que le pagaran dietas por su asistencia a las reuniones de esa entidad, pese a que el Código de Ética de su partido, que dice defender, no se lo permite.
En el PAC al parecer desconocen la situación, eso, o están de acuerdo con estas actuaciones, cualquiera de las dos habla muy mal de un partido que aspira a gobernar el cantón, y también el país. En el PAC deberían tomar cartas en el asunto de una vez por todas, de lo contrario los resultados de las próximas elecciones, al menos en Curridabat, podrían ser una debacle.
Opinión escrita para la edición del periódico cantonal de Curridabat, MONITOR XXI, en su edición de enero.
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