¿Alguien se acuerda cuál fue parte del premio a los futbolistas que superaron la primera ronda en el Mundial de Italia 90? ¡Una placa de Taxi! Es posible incluso encontrarse en Heredia a Germán Chavarría taxiando. Es una charlatanería la forma en que el Estado costarricense ha manejado este servicio público. Las placas de taxi han sido durante décadas botín político, recuérdese que los diputados tenían una cantidad de placas para repartir a sus “pegabanderas” como premio a su leal colaboración electoral. Es posible que políticos haya utilizado de pantalla a alguna persona para usufructuar la placa, o puede pasar que al tiempo alguno de estos políticos haya “comprado esa placa”. O sea, que esto de las placas de taxi ha estado a la libre desde hace mucho tiempo, desde antes que yo naciera, así que si pensara de forma simplista podría llegar a la conclusión de que es el orden natural de las cosas. Parte también del problema es la multipropiedad de placas, los choferes trabajan para alguien (eso proletariza el servicio de una forma espantosa), y cuando es despedido, habrá otro dueño que necesita poner en circulación alguno de sus 40 carros. Así que con esta forma de hacer las cosas no debería extrañarnos que tengamos estos resultados.
Todos, absolutamente todos, tenemos una mala experiencia con algún impresentable que conduce un taxi. A mí una vez me reventó la cara un taxista, otro quiso cobrarme 7 mil colones de San José a Vargas Araya, otro no quiso llevarme porque la vuelta era de mil colones, otro una vez me sacó un cuchillo, que seguro era el que usaba Rambo, y además andaba todo tipo de armas (un exmilitar panameño). Y así deben de haber miles de historias, mis amigas tienen otro compendio que van de asaltos hasta acoso sexual. Hay demasiados impresentables detrás del volante. Como también hay mucha gente decente taxiando, y hay muchos impresentables de usuarios. UBER ha puesto en la discusión pública todo esto que ya sabíamos, y ha puesto en jaque a la “fuerza roja”, porque las quejas contra los taxistas son más que válidas, insisto todos hemos tenido nuestras malas, pésimas, experiencias con taxistas.
Desde mi punto de vista UBER es ilegal, y competencia desleal. Luis Guillermo Solís en cadena nacional se refirió a la protesta diciendo: “dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”, ¿¿¿¡¡¡ah Creo además, que la dirigencia de los taxistas está equivocándose en sus estrategia, los usuarios no somos los enemigos, tampoco los choferes de UBER, que al igual que los taxistas legales, los porteadores y los piratas, andan buscando como ganarse la vida. El enemigo es la transnacional, el enemigo son los dueños de las placas y se enriquecen con un servicio público y su trabajo, el enemigo es esa clase política que ha hecho fiesta con el negocio de las placas. Ahí está el enemigo, y deberían hacer más por enfocarse contra ese enemigo y ganarse a un poderoso aliado: los usuarios, o sea, nosotros. Pero parece que los asesora la misma persona que asesora a los médicos, o sea, un inútil.
Como dije desde mi punto de vista UBER es ilegal (y ese es mi punto de vista, aclarando que es el de un lego en la materia), y lo es también en muchas urbes, en todo el mundo hay protestas contra esta transnacional. Insisto que hablamos de un servicio público que debe ser regulado y tratado de con absoluta seriedad, no me voy a meter con lo que implica UBER en términos de la visión neoliberal del mundo, para no hacer más largo este apunte, ya que me importa más pensar que en lugar de legalizar UBER, deberíamos proponer arreglar el desastre que nos ha legado el clientelismo como política de Estado. Hay que pensar además en una política integral de empleo, cosa que los gobiernos neoliberales ha renunciado a hacer, porque esta es la base que alimenta a UBER y su sistema de explotación. Luego podemos entrarle a este asunto en otro apunte, y también al patético y servil papel de los medios privados de comunicación .
Me parece que hay que hacer varias cosas para ordenar este desastre, si yo fuera el Ministro de Transportes me echaría el pulso con esta propuesta, claramente no duraría ni cinco minutos en el puesto, pero lo intentaría:
Lo primero que hay que hacer es acabar con la multipropiedad de placas de taxi, nadie absolutamente debería tener 40 placas, ni 2 siquiera. Una placa de taxi debería ser considerada una concesión que se otorga a una persona física durante un tiempo determinado y bajo una serie de criterios objetivos. O sea, nadie es dueño de la placa, no puede ser transferida ni vendida de forma individual (privada), ni tampoco heredadas. Se trataría entonces de una concesión por un tiempo limitado y que podría ser revocada antes de tiempo si no se cumplen una serie de criterios. La revocatoria debes ser una prerrogativa del Estado. Tampoco podría “alquilarse” esa concesión que estaría ligada directamente con un número de cédula y por tanto con una licencia de taxista.
Entonces, si a alguien se le otorga una concesión debería tener la posibilidad de pensionarse a la edad que establece la CCSS y una vez que se cumplan con las cuotas – he aquí un primer criterio para una revocatoria de la concesión, cuotas al día con la CCSS –, podría incluso crearse un régimen especial, que sea justo con las complejidades de ese servicio. Un segundo criterio: seguros al día, revisión técnica al día. Pero volviendo al tema de la CCSS y la obligación de cotizar, una vez que una persona se jubile esa placa se “libera” y queda disponible para otra persona que esté inscrita en una lista pública, que cualquiera puede revisar en línea, todo transparente, nadie puede saltarse ese orden de la “lista” salvo que la persona renuncie por escrito a obtener la concesión.
Para inscribirse en esa “lista” habría que cumplir con una serie de requisitos mínimos, claramente tener una licencia de conducir al día (con todo lo que ello implica), que debería incluir capacitaciones en el manejo de relaciones interpersonales, algún idioma como segunda lengua, conocimiento de sitios de interés cultural, y por supuesto un proceso de sensibilización en temas de género (para prevenir situaciones de acoso y violencia sexual), o cualquier otra cosa que sea de utilidad para tener un taxi y dar un buen servicio. Pero esto debería ser el mínimo. Recordemos que estamos hablando de un servicio público, y que la experiencia nos dice que hay aquí fallas serias en este momento.
Le correspondería al Estado establecer un sistema de puntos para esas licencias de taxi, de tal forma que los incumplimientos tengan consecuencias reales. Paralelo debería existir un sistema y criterios (que se puede traducir en una aplicación, ahí como la que tiene UBER o Easy Taxi pueden servir como modelos), para calificar el servicio. Y lo importante es que esa calificación tenga consecuencias, porque hoy día parte del problema es la sensación de impunidad frente a los múltiples abusos que hemos sufrido. Por ejemplo, un taxímetro alterado debería acarrear una dura sanción, hay tecnología disponible que podría hacer fácilmente medible una ruta y su costo, por ejemplo con Easy Taxi se envía un recibo al correo electrónico un minuto después de bajarse del taxi, o sea, que ya es posible este tipo de cosas. Con estas pequeñas propuestas, bien llevadas a la práctica, UBER no tendría razón de ser en un país como este, adiós negocio neoliberal.
Así que si el gobierno estuviera realmente interesado en solucionar este asunto debería ir al origen del problema. Es la solución más compleja, es posiblemente la vía larga, porque claramente los dueños de las placas (muchos políticos, exjugadores de fútbol, entre otros) ejercerán toda la presión para no perder el negocio, pero es la vía a una solución a este desmadre y enfrentamiento que estamos viviendo, las matonadas de Luisgui no agregan nada, además nadie le cree.
Pero sin duda, lo más jodido de todo es que nadie, o casi nadie, pensará en nosotros, los usuarios, y más patético, ni siquiera los mismos usuarios, encandilados con UBER, y con pereza de ponerse a pensar. Así está la cosa, y seguramente pronto (o tal vez no) la Sala IV vaya a decir quién sabe qué güevada, una de esas a las que ya nos tiene acostumbrados, porque es un órgano que interpreta políticamente la Constitución, que también es Política.
